México subió a 50 por ciento el arancel contra autos chinos desde enero. La medida golpeó la importación nueva, pero no frenó a las marcas que ya habían ganado piso en el mercado mexicano.
La cifra central está en el cruce de datos. En el primer semestre, las marcas chinas vendieron 137,525 vehículos, casi 30 por ciento más que un año antes, y elevaron su participación de 14 a 17 por ciento. En paralelo, las importaciones desde China cayeron 43 por ciento durante los primeros cinco meses.
Menos entrada por aduana no significó menos venta en piso. Esa diferencia apunta a inventarios adelantados, absorción de costos y una red comercial capaz de sostener ventas con agencias, financiamiento, refacciones y servicio posventa.
El arancel funciona cuando encarece el acceso antes de que una marca tome posición. En este caso llegó después de que los fabricantes chinos ya habían construido presencia comercial, precios competitivos y canales de distribución.
El siguiente frente no está solo en las unidades que entran por puerto. Si esas marcas avanzan hacia ensamble, producción o proveeduría en México, Estados Unidos tendría margen para revisar bajo T-MEC el origen de componentes, baterías, software, autopartes, proveedor real y control efectivo de la cadena.
La disputa dejaría de estar en el auto chino vendido en México y pasaría al vehículo fabricado en territorio mexicano con contenido, tecnología o control chino. Ese es el punto sensible para la aduana estadounidense. No el logotipo, sino la cadena que se intenta acreditar como regional.
El arancel mexicano mandó una señal política, pero no desmontó el avance comercial chino. La presión que viene será más complicada porque México tendría que probar que una cadena automotriz instalada en el país no opera como puente para llegar al mercado estadounidense con trato T-MEC.
La industria automotriz mexicana puso una condición incómoda antes de seguir discutiendo reglas de origen con Estados Unidos. Rogelio Garza, presidente de la patronal automotriz mexicana, sostuvo que no se puede hablar de reglas de origen mientras Washington mantenga aranceles sectoriales contra autos y autopartes.
La tensión no está solo en el porcentaje. Estados Unidos mantiene aranceles de 25 por ciento y, al mismo tiempo, presiona para elevar a 50 por ciento el contenido estadounidense dentro de vehículos fabricados en Norteamérica. Esa combinación cambia la lógica del T-MEC. México conserva el tratado, pero enfrenta una negociación donde Washington busca cobrar por un lado y reescribir el acceso preferencial por el otro.
Para el sector automotriz mexicano, aceptar más contenido estadounidense implicaría modificar proveedores, contratos, costos y trazabilidad de piezas. La presión no se limita al ensamblaje final. Puede tocar acero, aluminio, componentes eléctricos, baterías, sistemas electrónicos, autopartes y valor agregado declarado en cada vehículo.
El punto sensible para comercio exterior está en el expediente. Un auto puede cumplir la regla actual del T-MEC y aun así quedar expuesto si Estados Unidos logra endurecer los requisitos. La discusión deja de ser si la unidad se fabricó en México. Pasa a quién produjo las partes, dónde se transformaron, cuánto contenido pertenece a la región y qué porcentaje exige Washington para permitir el trato preferencial.
México también enfrenta la presión china desde otro frente. Garza recordó el arancel mexicano de 50 por ciento a vehículos chinos por competencia desleal. Esa decisión protege a la industria local, pero también muestra que Norteamérica está cerrando espacio a cadenas asiáticas dentro de la manufactura automotriz.
El riesgo para México no es perder de inmediato el mercado estadounidense. El riesgo está en conservar acceso, pero con más costo, más revisión y menos margen. Un T-MEC con aranceles sectoriales y reglas de origen más duras deja a las plantas mexicanas dentro del tratado, pero con una aduana estadounidense más cara y menos predecible.
Washington cerró junio con una señal incómoda para su política comercial. El Tesoro de Estados Unidos reembolsó 49.2 mil millones de dólares por aranceles anulados, mientras la recaudación bruta por derechos aduaneros fue de 23.6 mil millones.
El dato golpea el centro de la estrategia arancelaria. Los cobros usados como presión comercial contra importadores, proveedores y países terminaron convertidos en devoluciones masivas después del fallo de la Suprema Corte contra los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
La sentencia no elimina otros caminos de presión. Washington conserva herramientas como Sección 232, Sección 301, investigaciones antidumping, cuotas compensatorias y revisiones por seguridad nacional. La diferencia está en la base legal. El arancel aplicado sin sustento sólido puede terminar como pasivo, litigio, devolución o ajuste contractual.
Para comercio exterior, el mensaje es operativo. Cada importación necesita rastrear fracción arancelaria, fundamento del cobro, fecha de entrada, importador de registro, pago efectuado, proveedor, contrato y posible derecho de recuperación. El arancel dejó de ser solo costo. También puede ser expediente recuperable.
Empresas que trasladaron el costo al cliente final enfrentan otra discusión. Si el importador recibe una devolución, los contratos, precios y cláusulas de ajuste pueden abrir reclamos entre fabricantes, distribuidores, compradores y consumidores.
México debe leer el dato con cuidado antes de la siguiente ronda comercial con Estados Unidos. Washington perdió una vía rápida para cobrar aranceles amplios, pero puede mover la presión hacia herramientas más específicas, con mayor carga documental y menor margen de defensa para operaciones con origen débil, triangulación o expediente incompleto.
Tamaulipas concentra la ruta más visible del huachicol fiscal que cruza desde Estados Unidos hacia México. El esquema operó por puertos y cruces terrestres, con buques, camiones cisterna, empresas importadoras, documentos aduaneros y mercancía declarada como lubricantes, aditivos para lubricantes y aceites de petróleo.
Desde 2019, casi 2,700 millones de litros declarados bajo esas categorías entraron por Tampico, Matamoros, Altamira, Nuevo Laredo y Reynosa. La cifra exhibe un patrón de comercio exterior usado para mover combustible como si fuera otra mercancía.
El caso del Challenge Procyon mostró la mecánica. El buque llegó a Tampico desde Texas con carga declarada como aditivos para aceites lubricantes. La revisión encontró diésel y dejó un aseguramiento de 10 millones de litros, 192 contenedores y 32 vehículos. Ese hallazgo abrió una línea sobre operaciones marítimas que habrían movido 564 millones de litros en más de 60 buques petroleros desde 2023.
La ruta también toca nombres concretos. En los reportes aparecen Sergio Carmona, señalado como “El rey del huachicol”, y Roberto Blanco Cantú, identificado como “El señor de los buques”. En la parte empresarial se cruzan compañías como Ikon Midstream LLC, B-Match, S.A. de C.V. e Intanza, S.A. de C.V., señaladas en indagatorias y sanciones relacionadas con contrabando de combustible.
Matamoros mantiene otro frente abierto. Mandos militares han sido señalados por permitir el ingreso de 144 millones de litros de hidrocarburos entre junio de 2024 y julio de 2025. La ruta no dependía solo del traslado físico del combustible. Requería facturas, fracciones arancelarias, manifiestos, importadores, transportistas, permisos y funcionarios con capacidad para dejar pasar la operación.
Estados Unidos movió el caso al sistema financiero. El Departamento del Tesoro sancionó a mexicanos y empresas vinculadas con una red de contrabando de combustible asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación. FinCEN también alertó a bancos y entidades financieras por operaciones de contrabando de combustible y evasión fiscal en la frontera sur.
En Tamaulipas el huachicol fiscal operó como comercio exterior alterado, con producto declarado de forma distinta, cruces autorizados y una cadena de documentos capaz de convertir hidrocarburos en lubricantes, aditivos o aceites ante la aduana.
La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá dejó de ser el único frente comercial para México. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos abrió un procedimiento bajo la Sección 301 para imponer nuevos aranceles a países que, a su juicio, no prohíben o no aplican de manera efectiva controles contra mercancías producidas con trabajo forzoso.
México aparece en esa lista. El argumento estadounidense no se limita a derechos laborales. El USTR sostiene que la falta de controles facilita la entrada de mercancías que generan competencia desleal para la industria estadounidense y distorsionan las cadenas de suministro.
La audiencia pública celebrada esta semana mostró dos posiciones. El gobierno mexicano rechazó las acusaciones y afirmó que el país cuenta con legislación, inspecciones y mecanismos de cumplimiento suficientes. Del otro lado, Washington mantiene abierta la posibilidad de imponer aranceles adicionales de entre 10% y 12.5% a países que considere incumplidos, aunque las mercancías que cumplan con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá podrían quedar exceptuadas.
La discusión rebasa el ámbito laboral. El trabajo forzoso se suma a las investigaciones por origen, contenido regional, acero, aluminio, cobre y seguridad nacional. Para exportadores mexicanos, el expediente aduanero incorpora otra variable de riesgo: demostrar que la mercancía no está vinculada con cadenas de suministro asociadas a trabajo forzoso.
La presión ya no recae únicamente sobre fabricantes. Importadores, agentes aduanales, operadores logísticos y áreas de cumplimiento deberán acreditar el origen de proveedores, procesos productivos y trazabilidad documental cuando la autoridad estadounidense lo requiera.
Estados Unidos ajustó el régimen de aranceles Sección 232 para acero, aluminio y cobre. La medida se publicó en el Federal Register el 4 de junio de 2026 y aplica a mercancías ingresadas a consumo, o retiradas de almacén para consumo, desde el 8 de junio de 2026.
La Sección 232 permite a Washington imponer aranceles cuando considera que ciertas importaciones afectan su seguridad nacional. En este caso, la Casa Blanca mantiene a acero, aluminio, cobre y derivados dentro de ese régimen, aunque la mercancía provenga de socios comerciales con tratado.
Para México, el cambio más delicado está en los productos que califican bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La regla permite aplicar un arancel de 25% sobre el contenido no estadounidense de ciertos productos de México y Canadá que tengan trato preferencial. El cobro efectivo no puede quedar por debajo de 15%.
La revisión ya no se limita al producto final. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos debe aplicar la guía sobre contenido estadounidense, origen del metal, clasificación arancelaria y documentos de importación. Si la autoridad detecta fraude o información engañosa sobre contenido estadounidense, puede imponer sanciones conforme a la ley.
El ajuste también baja de 95% a 85% el umbral para considerar que un producto está hecho enteramente con aluminio, acero o cobre estadounidense. Esa reducción busca incentivar el uso de metal producido en Estados Unidos dentro de derivados industriales.
La medida alcanza sectores sensibles para México: autopartes, maquinaria, equipos industriales, componentes con acero, aluminio o cobre, manufacturas metálicas y derivados. El T-MEC puede mantener el acceso preferencial, pero no elimina la revisión sobre contenido metálico, país de origen, transformación, proveedor y expediente aduanero.
Estados Unidos no renovó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por 16 años. El acuerdo sigue vigente, pero será revisado cada año. Washington mantiene abierto el comercio con México y Canadá, sin entregarles estabilidad de largo plazo.
El resultado favorece a sectores que presionaron contra una renovación automática. United States Steel, American Iron and Steel Institute, Steel Manufacturers Association, The Aluminum Association, Century Aluminum, UAW y AFL-CIO pidieron reglas más duras para acero, aluminio, autos, autopartes, origen regional y cumplimiento laboral.
United States Steel pidió mantener aranceles de seguridad nacional sobre acero. La industria del aluminio defendió tarifas y controles contra producto procesado en México o Canadá con insumos externos. UAW y AFL-CIO empujaron el uso de mecanismos laborales contra plantas mexicanas. El tratado no se rompió porque también afecta a empresas estadounidenses integradas a México y Canadá. La decisión fue dejarlo funcionando, pero bajo revisión anual.
Las armadoras buscaban certeza para invertir y mover partes entre los tres países. Los sectores más protegidos consiguieron otra cosa: una revisión permanente para discutir tarifas, contenido regional, origen, salarios, sindicatos y mercancía producida con insumos fuera de Norteamérica.
México conserva acceso preferencial al mercado estadounidense, pero pierde margen de estabilidad. Las empresas que dependan de insumos externos, programas de exención, devolución de aranceles, ensamble mínimo o certificados débiles enfrentarán más presión documental y política.
Estados Unidos no renovó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en los términos actuales. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informó que el acuerdo seguirá vigente, pero sujeto a revisión anual mientras los tres países negocian cambios.
La decisión mantiene abierta la operación comercial, pero aumenta la presión sobre sectores que dependen del trato preferencial: autos, acero, aluminio, autopartes, electrónicos y manufactura integrada. Washington quiere revisar contenido regional, reglas de origen y cadenas que incorporan insumos asiáticos antes de exportar desde México.
Para las empresas mexicanas, la discusión baja al expediente de exportación. Cada operación tendrá que sostener proveedor real, país de transformación, contenido regional, valor declarado, certificado de origen y pedimento. Las mercancías que usen a México como escala documental quedarán más expuestas.
La siguiente ronda México–Estados Unidos está prevista para la semana del 20 de julio. Hasta entonces, el tratado sigue operando, pero la revisión anual cambia el margen de riesgo para exportadores, importadores, agentes aduanales y sectores industriales bajo vigilancia.
México, Estados Unidos y Canadá iniciaron este 1 de julio la revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En la primera reunión participaron Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos; Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México; y Dominic LeBlanc, ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos.
Estados Unidos no perfila una extensión inmediata del acuerdo por otros 16 años. Su posición apunta a modificar reglas del tratado antes de cerrar la revisión. Hay una nueva ronda México–Estados Unidos prevista para la semana del 20 de julio.
La discusión entra por autos, acero, aluminio, reglas de origen y seguridad económica. Estados Unidos busca más contenido estadounidense en vehículos fabricados en Norteamérica, además de mayor control sobre insumos que lleguen desde Asia por México.
La revisión baja directo al expediente aduanero: origen, proveedor, certificado, transformación, país de fundición, contenido regional, valor declarado y pedimento. Acero, autopartes, electrónicos y manufactura integrada quedan más expuestos cuando la documentación no sostiene dónde se fabricó o transformó la mercancía.
La Secretaría de Economía prorrogó por cinco años las cuotas compensatorias a la tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta originaria de Estados Unidos. La resolución aplica sin importar el país de procedencia y cubre mercancía usada en ductos, hidrocarburos, agua y otros fluidos.
La medida fue solicitada por Tubacero, S. de R.L. de C.V., empresa mexicana que concentró 72% de la producción nacional examinada. La autoridad sostuvo que retirar las cuotas permitiría repetir prácticas de dumping y daño a la industria nacional.
Las importaciones alcanzadas corresponden a Berg Steel Pipe Corporation, hoy Berg Europipe Holding Corporation, Oregon Steel Mills, Inc. y demás exportadoras estadounidenses. Las cuotas quedan en 6.77%, 4.04% y 25.43%, según el origen y exportador de la mercancía.
El expediente también incorporó a importadoras requeridas por pedimentos, facturas, pagos y documentos de embarque, entre ellas Lavisa, Grupo Desarrollo Infraestructura, Teknacorp Suministros Especializados de México y Ankle Steel México. La tubería entra por las fracciones 7305.11.02 y 7305.12.91, por lo que la revisión se concentra en origen declarado, precio de entrada, soporte documental y operación aduanera.
El Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México extendieron hasta el 31 de julio el periodo de transición para la Manifestación de Valor Electrónica. A partir del 1 de agosto, los importadores deberán presentarla en operaciones de importación formal.
La Manifestación de Valor Electrónica concentra los datos y documentos usados para determinar el valor en aduana. Incluye factura comercial, documentos de transporte, flete, seguros, gastos incrementables y soporte de la operación.
El cambio obliga a ordenar desde el inicio el expediente de importación. Valor declarado, proveedor, forma de pago, transporte y gastos asociados deberán corresponder con la mercancía y con el pedimento.
Para sectores sensibles como acero, autopartes, electrónicos y químicos, la revisión del valor en aduana puede exhibir subvaluación, sobrevaluación, proveedores inconsistentes o documentos incompletos.
El Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales del Estado de México negó el amparo a Humberto Enrique López Arellano, capitán de navío y exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas. Permanece preso en El Altiplano dentro del proceso por huachicol fiscal.
La FGR lo relaciona con revisiones simuladas a buques tanque usados para mover combustible ilegal. La causa incluye a mandos de Marina, empresarios, funcionarios de aduanas y agentes aduanales.
López Arellano estuvo al frente de la Dirección de Supervisión de Aduanas Marítimas del 1 de febrero de 2022 al 15 de diciembre de 2024. En ese periodo recibió 13 millones 675 mil pesos provenientes de Semar y de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
El expediente coloca bajo revisión la supervisión de buques en aduanas marítimas. La atención recae en qué revisión se hizo, qué autoridad la validó y cómo siguieron operando cargas que hoy forman parte de una causa federal.
Aduanas y Marina aparecen en la misma ruta donde se cruzan buques, permisos cancelados, empresas de combustible y facturación falsa. La investigación sobre El Caballito ya no se limita a comprobantes apócrifos ni a evasión fiscal. También conecta con compañías señaladas en una carpeta federal por contrabando de combustible desde Estados Unidos.
Maikol Leonardo Lasso Cervantes y Salvador López Villaseñor fueron señalados como operadores de El Caballito. Ambos también aparecen vinculados con empresas relacionadas con combustible. En esa línea están Transportes y Equipos Asamaz y Abastecedora de Combustibles del Pacífico, ACP Combustibles, representadas por Elda Leticia Barraza Castillo y Jareni García Rodríguez.
Asamaz fue relacionada con el aseguramiento de 1.6 millones de litros de diésel y combustóleo en Silao, Guanajuato. ACP Combustibles quedó dentro de una carpeta federal por contrabando de millones de litros de combustible desde Estados Unidos, pese a tener el permiso cancelado.
En la ruta aduanera aparecen nombres señalados en investigaciones sobre el paso de combustible ilegal por puertos. Salvador Camargo Vivero, entonces director general del puerto de Tampico; Juan Carlos Sario Pichal, exsubdirector de Operación Aduanal en Guaymas; José Rafael Duncan Dekin, director de la Aduana de Tampico tras la salida de Santos Delgado; y Víctor Hugo Perry Pérez, vinculado con el paso de buques en Ensenada.
Estados Unidos ajustó el régimen de aranceles al acero, aluminio y cobre bajo Section 232. La nueva guía de CBP aplica desde el 8 de junio y obliga a importadores, agentes y declarantes a revisar clasificación arancelaria, derivados metálicos, contenido de acero y valor aduanero.
La medida mantiene presión sobre productos hechos de acero y agrega derivados que también quedarán sujetos a revisión. Entre ellos aparecen racks de acero y otras mercancías que pueden cruzar como producto terminado, aunque el componente metálico sea el centro de la operación.
Para México, el golpe no está solo en el arancel de 50%. Está en que cada exportación de acero o producto derivado tendrá que sostener mejor su expediente. Fracción arancelaria, contenido metálico, valor declarado, origen, proveedor, transformación y comprador final.
Si una mercancía cruza con acero triangulado, valor ajustado o clasificación acomodada, el problema deja de ser comercial y entra a revisión aduanera. Ahí se separa a la industria formal de quienes usan a México como escala documental.
El informe de mayo del Center for the Study of Democracy vuelve a poner atención en redes chinas de lavado usadas por cárteles mexicanos. El tema no se queda en bancos ni transferencias. También toca comercio, logística, empresas pantalla y operaciones que pueden parecer normales hasta que se revisan pagos, mercancías y beneficiarios reales.
FinCEN ya había medido una parte del fenómeno. Entre 2020 y 2024 revisó 137,153 reportes sospechosos por unos 312 mil millones de dólares ligados a redes chinas de lavado.
Para México, la revisión debe entrar al detalle de la operación comercial. Importadores con pagos que no corresponden al giro, facturas por montos difíciles de sostener, proveedores sin claridad, mercancías con valor alterado o beneficiarios reales ocultos.
La Secretaría de Economía, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la Agencia de Transformación Digital eliminaron la dictaminación de diversos avisos presentados por Ventanilla Única.
El cambio convierte esos avisos en trámites autogestivos. Ya no esperan una resolución expresa de la autoridad antes de surtir efectos. La revisión puede venir después, con facultades de verificación y sanción.
Para empresas, importadores, exportadores y agentes aduanales, la carga documental aumenta. El expediente tendrá que sostener qué se declaró, qué documento se presentó, qué mercancía amparó, quién firmó y qué operación se movió bajo ese aviso.
La simplificación puede reducir tiempos para quien opera bien. También deja menos margen para culpar al trámite cuando la información venga mal y la autoridad revise después.
José Antonio Cortés Huerta, “El Titán” o “El Mamado”, ya no está en una celda común. Fue movido al Hospital Universitario de Nuevo León por orden judicial y seguirá bajo custodia mientras enfrenta proceso penal.
El movimiento no equivale a libertad ni absolución. Aun así, cambia el control sobre una pieza señalada por autoridades federales como presunto operador de una red de contrabando de combustible ligada al Cártel del Noreste, con relación al caso del buque Challenge Procyon.
La pregunta no está en su condición médica como dato aislado. Está en quién pidió el traslado, qué diagnóstico lo justificó, qué juez lo autorizó, qué custodia tiene y qué restricciones existen sobre visitas, comunicación y acceso a información.
En una investigación con buques, pipas, empresas fachada, combustible de Estados Unidos y posibles omisiones en aduanas, sacar del penal a un operador señalado exige más explicación pública. El expediente ya no solo pasa por puerto y transporte. También pasa por decisiones judiciales, certificados médicos y control real de custodia.
El Mundial empezó a presionar la logística antes del primer partido. Electrónicos, alimentos, bebidas, souvenirs y productos de alto valor ya se están moviendo hacia Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Zuru Logistics Insurtech estima pérdidas superiores a 150 millones de pesos por robo de mercancía asociada al torneo. Overhaul reportó que alimentos y bebidas concentraron 26 por ciento de los robos de carga en el primer trimestre. Después aparecen autopartes, combustible, mercancía diversa y materiales de construcción e industria.
La exposición no está solo en carretera. También está en patios, centros de distribución, rutas urbanas, última milla, proveedores temporales y custodias improvisadas. Para hoteles, restaurantes, retailers y operadores logísticos, el Mundial no solo traerá consumo. También va a probar quién controla inventario, traslado y entrega cuando la demanda sube y la mercancía se vuelve más visible.
La revisión del T-MEC ya no llega solo con autos, acero, aluminio y reglas de origen. Estados Unidos también quiere llevar inteligencia artificial y comercio digital a la mesa.
El empuje viene de USTR y de grupos tecnológicos como CCIA, TechNet y TTRA. CCIA representa a empresas como Amazon, Meta y Google, y pide proteger el flujo transfronterizo de datos, mantener libre el comercio digital y abrir reglas favorables para el entrenamiento de modelos de IA.
México llega con una brecha visible. Marcelo Ebrard ha hablado de datos, robótica, drones e IA, pero el país aún no tiene una estrategia digital consolidada. Si el tratado define nuevas reglas para datos, servidores, entrenamiento de modelos y propiedad intelectual, México no puede llegar solo como maquila industrial. También tiene que decidir qué capacidades propias va a defender.
Estados Unidos ya abrió el calendario formal para revisar a México y otras economías por el manejo de mercancías hechas con trabajo forzado. El USTR, oficina comercial estadounidense encabezada por Jamieson Greer, recibirá solicitudes para participar en audiencia hasta el 22 de junio. Los comentarios escritos vencen el 6 de julio y la audiencia pública será el 7 de julio.
México aparece junto con Canadá, la Unión Europea, Ecuador, Indonesia y Pakistán. Washington no señala una fábrica mexicana específica. Lo que cuestiona es si esos socios comerciales aplican controles suficientes para impedir que mercancías hechas con explotación laboral entren a sus cadenas de exportación.
La Secretaría de Economía sostiene que los productos mexicanos amparados por T-MEC deben quedar fuera del arancel adicional de 10 por ciento. El problema para exportadores es que la defensa ya no se queda en origen y pedimento. También entra proveedor, subcontratación, insumos, auditorías laborales y documentos que prueben cómo se produjo la mercancía.
Estados Unidos quiere aplicar un arancel adicional de 10 por ciento a México dentro de una investigación comercial sobre mercancías hechas con trabajo forzado. No se trata de una acusación contra una empresa mexicana en particular. La revisión apunta a si los países controlan bien que sus cadenas de exportación no usen insumos, proveedores o productos ligados a explotación laboral.
México respondió que las exportaciones que cumplan con T-MEC deben quedar fuera. Más del 85 por ciento de las ventas mexicanas a Estados Unidos califican bajo el tratado, pero el resto queda expuesto a revisión mientras avanza el diálogo con USTR.
México y Estados Unidos ya pusieron fecha a la negociación rumbo a la revisión del T-MEC. La primera ronda fue en Ciudad de México del 27 al 29 de mayo de 2026. La segunda será en Washington el 16 y 17 de junio, y la tercera está prevista en Ciudad de México durante la semana del 20 de julio.
La mesa llega con acero, aluminio y autos bajo presión. Estados Unidos no solo va a revisar aranceles. También va a mirar origen, contenido regional, proveedores, certificados, pedimentos e insumos de Asia que puedan estar entrando por México con otra cara.
Para México, la defensa comercial necesita separar industria real de importadores que usan papeles cómodos. Si una carga no puede probar de dónde viene, quién la produjo y cómo entró a la región, termina dando argumentos para medidas más duras contra todo el sector exportador.
El caso del Challenge Procyon ya no queda limitado a la descarga en Tampico. La FGR ubicó patios clandestinos y empresas fantasma en Tampico, Altamira y Ensenada, además de rutas terrestres hacia Camargo, Jiménez, Torreón, Fresnillo, Aguascalientes y Piedras Negras.
La carga habría salido del buque antes del aseguramiento mediante maniobras nocturnas con mangueras y alrededor de 300 pipas. Después apareció en Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Chiapas, con reportes de mezcla en Ciudad de México con combustible adquirido legalmente.
La parte que interesa al comercio exterior está después del despacho. Para sacar, guardar y repartir esa carga se necesitan patios, transportistas, documentos, accesos y personal que permita que el movimiento avance fuera del puerto.
Del 19 al 31 de mayo se harán pruebas piloto para los agentes aduanales que aceptaron migrar a la figura de agencia aduanal. El arranque formal está previsto para el 1 de junio.
El cambio no es menor. La patente individual del agente quedará desactivada en el sistema electrónico cuando entre a una agencia, y la operación pasará por una persona moral autorizada para promover el despacho de mercancías. Hay 80 agencias aduanales autorizadas y el modelo permite operar en las 50 aduanas del país.
En un momento marcado por casos de combustible, acero, triangulación y pedimentos falsos, esta figura pone más peso sobre quién firma, quién documenta, quién responde y bajo qué autorización se mueve cada carga.
General Motors mantendrá una inversión de 1,000 millones de dólares en México durante 2026 y 2027, aunque Estados Unidos mantiene presión arancelaria sobre autos fabricados fuera de su territorio.
El tema no termina en la planta donde se arma el vehículo. GM tiene operaciones en Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Estado de México, además de una red de más de 650 proveedores nacionales. Con aranceles y revisión comercial encima, cada pieza importa.
La revisión puede llegar a motores, transmisiones, electrónicos, acero, autopartes, certificados de origen y contenido regional. Para una armadora, el problema aparece cuando una pieza no puede probar de dónde viene o qué porcentaje de su valor pertenece a Norteamérica.
La presión arancelaria no solo revisa autos terminados. También alcanza a proveedores, documentos, compras, rutas de suministro y empresas que sostienen la producción.
México pidió quedar fuera de los nuevos aranceles al acero que prepara Estados Unidos. La presión no viene solo por volumen comercial. Viene por la sospecha de acero asiático usando a México como paso hacia el mercado estadounidense con papeles más convenientes.
Hay un dato que debilita la acusación general. Washington vende más acero estructural a México del que recibe. Por eso la revisión no debería caer pareja sobre toda la industria mexicana.
El filtro tendría que seguir cada carga desde el molino, país de fundición, certificado, pedimento, importador y comprador final. Si el acero nació en China, pasó por México y cruza con otra identidad comercial, el problema está en la trazabilidad y en quienes documentan la ruta. No en castigar por igual a todo el acero mexicano.
La cámara mexicana del acero pidió a la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. un esquema conjunto para perseguir el trasbordo de acero. La petición apunta al metal de China y otras economías no de mercado que podría entrar a México, cambiar papeles, ruta o tratamiento comercial, y después cruzar hacia Estados Unidos como si fuera parte de la región.
No hay una lista pública de empresas por sancionarse. Lo que sí hay es presión sobre importadores, intermediarios y operadores que usen México como paso comercial. La revisión tendría que seguir molino de origen, certificado, pedimento, empresa importadora, almacén, exportador y cliente final.
El acero no solo se mide por toneladas. También por el documento que dice dónde nació.
La FGR volvió a pedir capturas por el caso de los 31 buques usados para ingresar combustible ilegal por Tamaulipas.
La investigación menciona a Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”, vinculado con Mefra Fletes y Autolíneas Roca. También aparecen Eduardo de los Ángeles Rosales, de Enerpol Transportes; Ramiro Rocha Alvarado, Ricardo Ayón Rodríguez y Hernán Guillermo Fernández Morán, vinculados con Intanza; además de Anuar González Hemadi, José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez y Héctor Manuel Portales Ávila, relacionados con Mefra Fletes.
La parte aduanal también tiene nombres. Benito Abad Pérez Escalante y Nazario Rodríguez López aparecen como agentes aduanales. Osvel Tudón Rojas es señalado como operador de sobornos en Altamira y Tampico.
No es una lista suelta de investigados. Son empresas de transporte, logística y combustible, agentes aduanales y supuestos gestores de pagos alrededor de la entrada de combustible por puerto.
La captura de José Antonio Cortés Huerta, alias “El Mamado” o “El Titán”, volvió a mover el expediente de Roberto Blanco Cantú, señalado como “El Señor de los Buques” y socio mayoritario de Mefra Fletes.
Mefra Fletes no aparece como nombre aislado. La empresa está registrada en logística y transporte de carga, incluido transporte especializado de hidrocarburos. En los señalamientos públicos aparece ligada al traslado de combustible desde buques hacia camiones cisterna, con operaciones vinculadas a puertos como Tampico y Altamira.
La parte que debe observar comercio exterior no está solo en el barco. Está en la ruta completa: empresa transportista, pedimentos, pipas, patios, descarga portuaria y despacho aduanal. Sin esa combinación, el combustible no sale del muelle ni llega al mercado.
OFAC puso nombre a la red.
No solo aparecen operadores. También aparecen empresas con giro comercial, logístico, farmacéutico y de intermediación.
En México fueron señaladas Desarrollos Cartok S.A. de C.V., Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V., Quimica Soluciones y Logistica Integral Bajio, S.A. de C.V., Corporativo y Enlace Ram S.A. de C.V., Enlace Forwarding Mexico, S. de R.L. de C.V., Cargo Global 3PS, S. de R.L. de C.V., Reyma Global Trading SA de CV, Aduaeasy S. de R.L. de C.V. y Botanica 2000.
El dato importa porque cambia la lectura del riesgo. La red no opera solo desde la clandestinidad. También puede entrar por una razón social, una factura, un embarque, un broker, una bodega o una empresa que aparenta normalidad.
Para comercio exterior y cumplimiento, el mensaje es claro. La fachada tiene RFC, domicilio y objeto social.
La presión ya cambió de nivel. OFAC sancionó una red de 23 personas y entidades vinculadas al suministro de químicos y apoyo logístico para el Cártel de Sinaloa. Ahí ya no aparece solo el crimen como figura abstracta. Aparecen empresas, brokers, rutas de carga y estructuras que se mueven dentro de cadenas que tocan comercio, transporte y cumplimiento. Cuando Washington empieza a sancionar así, el mensaje deja de ser de seguridad. También es una advertencia para cualquiera que opere cerca del socio equivocado.
Estados Unidos ya asume que la presión sobre acero, aluminio y autos seguirá en la mesa. En México, el margen de maniobra luce más corto y eso vuelve más frágil la posición de sectores que ya venían bajo tensión.
La discusión sobre acero dejó de girar en si habrá presión o no. Esa presión ya está instalada. En Washington, el mensaje es que los aranceles sobre acero, aluminio y autos seguirán pesando en la negociación con México, mientras del lado mexicano la conversación ya se movió a otro terreno, contener el golpe y ganar tiempo en una revisión del T-MEC que no encuentra a la industria en su mejor momento.
El problema no es solo lo que Estados Unidos decida mantener su postura. El problema también es llegar a esa mesa con menos margen, menos fuerza y más desgaste acumulado para sectores que dependen de reglas claras y posición firme.
Spirits of México no aparece en esta historia como una empresa aislada. Aparece ligada a la reaparición de Alberto Ulises Esteban Marina dentro del mismo entorno de certificación y evaluación que antes podía influir desde la Dirección General de Normas. La investigación disponible sostiene que, tras dejar el cargo público, resurgió en el sector privado con Spirits of México y que esa continuidad se dio después de señalamientos por reformas, excepciones regulatorias y criterios a la medida durante su paso por la Secretaría de Economía. Su huella formal en instrumentos normativos del DOF confirma que no era un actor periférico. Por eso el caso no se lee solo como pasado burocrático. Se lee como continuidad dentro del mismo ecosistema.
Alberto Ulises Esteban Marina no pasó por la función pública como un técnico más. Desde posiciones ligadas a normas y certificación tuvo margen para incidir en reglas con efecto directo sobre acceso a mercado, competencia y validación de productos. El expediente disponible lo retrata como un funcionario bajo señalamientos por aceptar modificaciones extemporáneas, otorgar exenciones administrativas y empujar criterios hechos a la medida en beneficio de ciertos intereses. Años después, su nombre reapareció en el sector privado, dentro del mismo ecosistema donde antes tuvo capacidad de influir desde el gobierno. Lo delicado del caso no es solo el señalamiento individual. Es el patrón que deja ver. Un regulador que toca reglas sensibles, deja dudas abiertas y luego vuelve a aparecer del otro lado del tablero.
La nueva ofensiva arancelaria de Estados Unidos volvió a golpear al acero mexicano en un momento de fragilidad interna. El impacto no solo presiona exportaciones, inversión y cadena metalmecánica. También reabre una pregunta incómoda sobre lo que México dejó sin corregir dentro del sector. En ese contexto volvió a mencionarse el retraso de la NOM-251 para productos de hierro y acero, una norma que distintos actores consideraban clave para ordenar el mercado. La crisis no se explica solo por presión externa. También expone vacíos internos, decisiones postergadas y un liderazgo que no sostuvo al sector cuando más lo necesitaba.
Héctor Romero Gutiérrez asumirá el control de Aduanas tras la salida de Rafael Marín Mollinedo con un encargo claro: elevar recaudación, reforzar vigilancia y contener a las factureras o empresas fantasma que operan en la frontera. El relevo ocurre después de un año marcado por pérdidas fiscales estimadas en 6,000 millones de dólares en 21 aduanas y confirma que el problema no está solo en el contrabando tradicional. También está en la fragilidad de los filtros internos, la trazabilidad y la capacidad del Estado para cerrar espacios a estructuras que usan el comercio exterior para defraudar.
La trama de los Jensen expuso una ruta de contrabando de crudo robado a Pemex hacia Estados Unidos con documentos falsos, clasificaciones arancelarias alteradas y uso de la empresa texana Luxemborg Trading LLC junto con compañías mexicanas ficticias sancionadas por el SAT. El esquema, valuado en unos 300 millones de dólares, fue ligado al CJNG y a cruces por aduanas terrestres disfrazando el producto para evadir impuestos. Después de la exposición pública, México amplió investigaciones sobre contrabando de combustibles y un documento oficial citado por Reuters colocó bajo revisión interna a los puertos de Guaymas, Tampico y Ensenada, así como a Marina y aduanas. En fuente abierta, sin embargo, no se aprecia todavía un cierre sancionatorio del mismo tamaño que el caso dejó al descubierto.
La revisión del TMEC tomó otro tono. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anticipó que las conversaciones con México y Canadá probablemente rebasarán el 1 de julio y señaló el aumento de importaciones de autos, acero y aluminio desde ambos países como parte del malestar de Washington. La discusión dejó de sentirse administrativa. Lo que entra a presión es el acceso al mercado, el contenido regional y el peso político de industrias que sostienen buena parte de la integración de Norteamérica.
La guerra arancelaria no solo está alterando flujos comerciales. También está endureciendo la forma en que México demuestra origen, contenido regional y cumplimiento bajo el TMEC. El País reportó que la proporción de exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas del tratado pasó de 48.6% a 75.1%, mientras 82% de los productos exportados quedó exento de tarifas. El dato importa por lo que revela. En este entorno, quien no puede probar origen con solidez queda más expuesto a tarifas, sospechas de triangulación y pérdida de acceso preferencial. Acero y aluminio siguen siendo los sectores más presionados
El acero ya opera como un campo de presión entre China, Estados Unidos y México. Por un lado, Washington mantiene aranceles de 50% sobre el acero mexicano y ese golpe ya provocó una caída de 53% en las exportaciones del sector hacia ese mercado. Por otro, la sobreoferta china y la triangulación de mercancías asiáticas empujaron una discusión más dura sobre contenido regional, reglas de origen y acceso al mercado norteamericano. En París, tras el Comité del Acero de la OCDE, autoridades y empresarios mexicanos abrieron conversaciones con sus contrapartes estadounidenses para buscar una relación siderúrgica sin aranceles y una metodología común para medir contenido regional. El problema ya no es solo cuánto acero circula, sino quién lo empuja, con qué origen declarado y bajo qué distorsiones entra al tablero.
La presión china sobre el mercado mexicano ya entró en una fase más abierta. Pekín reaccionó con preocupación a los aranceles que México impuso desde enero de 2026 a 1,400 productos provenientes de países sin tratado comercial, medidas que golpean especialmente a acero y automotriz. China advirtió que las tarifas funcionan como barrera al comercio y a la inversión, mientras México sostiene que busca contener prácticas de competencia desleal como el dumping y el respaldo estatal a la industria siderúrgica china. El punto relevante no es el cruce diplomático, sino el mecanismo. El acero dejó de ser un flujo comercial ordinario y pasó a operar como un vehículo de presión económica, subsidios encubiertos y distorsión industrial sobre terceros mercados.
El mercado ilícito de combustibles ya forzó una respuesta más profunda del Estado mexicano. A partir del 24 de abril de 2026 entrará en vigor el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” dentro del CFDI, con el objetivo de dar mayor trazabilidad a las operaciones y cerrar espacios al huachicol y al contrabando técnico. La medida revela algo más importante que el instrumento fiscal. El mercado ilícito energético no vive solo en ductos, carreteras o decomisos. También vive en facturas, registros, rutas administrativas y vacíos de control que permiten mover producto con apariencia de legalidad. El conflicto ya no es solo territorial. También es documental.
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero celebró la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que elevó aranceles a productos siderúrgicos provenientes de países sin acuerdo comercial con México. Para CANACERO, la medida fortalece a la industria nacional frente a prácticas de comercio desleal en un momento de deterioro interno marcado por la caída de 50 por ciento en las exportaciones de acero mexicano a Estados Unidos tras la sección 232, además de menores niveles de producción y consumo durante 2025. El posicionamiento es relevante porque confirma la lectura del propio sector. Los aranceles ya no se presentan solo como defensa comercial, sino como instrumento de rescate industrial, sustitución de importaciones y fortalecimiento del contenido nacional dentro de Norteamérica.
La ofensiva regulatoria sobre el acero ya dejó una cifra que redefine la dimensión del problema. La Secretaría de Economía identificó 750 empresas con actividades presuntamente irregulares en todo el país y suspendió importaciones mientras inició procedimientos de cancelación del programa IMMEX en 350 de ellas. El resto quedó bajo análisis para determinar nuevas acciones administrativas. El movimiento ocurre en la antesala de la revisión del TMEC y bajo presión binacional para evitar triangulación de acero asiático vía México. Dentro de los expedientes sobresale el caso de Bremsa Regiomontana, que junto con Elegant Fashion habría triangulado 76,761 toneladas de acero. Más que un operativo aislado, la medida marca una depuración sistémica del comercio siderúrgico y de los incentivos que lo distorsionaron.
La Secretaría de Economía extendió la llamada Operación Limpieza al sector acero con la cancelación de permisos de importación temporal a dos empresas mexicanas que habrían abusado del programa IMMEX. La primera fue Elegant Fashion, en Ensenada, que pasó de importar 119 toneladas temporales de acero en el primer semestre del año a 68,919 toneladas en julio. La segunda fue El Grande Industrial, en Apaseo El Grande, que registró un incremento de 1,590 por ciento en sus importaciones de tubo de hierro y acero entre 2024 y 2025. Ambos casos apuntan al mismo patrón. Empresas que originalmente deberían usar el esquema para manufactura y exportación terminan convirtiéndolo en una plataforma para operaciones atípicas, volumen acelerado y aprovechamiento irregular de beneficios fiscales.
El gobierno federal confirmó que prorrogará el decreto que grava importaciones de productos de acero provenientes de países con los que México no tiene acuerdo comercial y, al mismo tiempo, abrirá una nueva fase de revisión al esquema IMMEX. La decisión combina dos frentes que ya operan sobre el mismo problema. Por un lado, mantener aranceles de entre 10 y 35 por ciento en 220 fracciones siderúrgicas. Por el otro, revisar con mayor detalle las temporalidades dentro de IMMEX para sacar productos que hoy siguen entrando bajo un tratamiento que la autoridad considera cada vez más vulnerable a distorsiones. La señal política y regulatoria es consistente con el viraje reciente del gobierno. Menos tolerancia a importaciones baratas o desleales y mayor depuración de los mecanismos que permiten su entrada.
La exposición de Nuevo León frente al acero importado en condiciones irregulares ya se convirtió en un riesgo industrial de primer orden. Reportes recientes colocan al estado como el principal productor de acero del país, con 19.8 por ciento de la producción nacional en 2024, pero también como una de las entidades más vulnerables a prácticas como dumping, triangulación, falsificación de certificados de origen, subfacturación y desvío de producto. Dentro de ese entorno apareció el caso de Bremsa Regiomontana, vinculada junto con Elegant Fashion a una presunta triangulación de 76,761 toneladas de acero. El fondo del problema es más amplio que una sola empresa. Nuevo León concentra producción, manufactura y exportación siderúrgica hacia Estados Unidos, por lo que absorbe simultáneamente el golpe del acero asiático desleal y la presión comercial externa.
La Secretaría de Economía abrió una nueva fase de presión comercial sobre importaciones siderúrgicas procedentes de China y Vietnam al perfilar sanciones por presuntas prácticas de dumping en acero laminado en caliente. Mientras avanza la investigación, el gobierno ya impuso cuotas compensatorias provisionales a exportadoras específicas de ambos países y extendió la medida a distintos esquemas de importación, incluidos los definitivos, temporales y en depósito fiscal. El movimiento envía una señal clara. México ya no solo revisa irregularidades internas en IMMEX o reglas de origen, también está endureciendo la defensa comercial frente a acero importado a precios por debajo de su costo de producción, con impacto directo en construcción, automotriz y cadena manufacturera.
La Secretaría de Economía informó que realizó inspecciones y verificaciones a empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos de acero para revisar la legalidad de sus operaciones de importación y exportación y el cumplimiento de reglas de origen. La revisión permitió identificar 750 empresas con actividades presuntamente irregulares en el país. De ellas, 350 ya enfrentan suspensión de importaciones e inicio de cancelación del programa IMMEX, mientras el resto sigue bajo análisis. La autoridad también destacó el caso de Bremsa Regiomontana S.A. de C.V. y Elegant Fashion por una presunta triangulación de 76,761 toneladas de acero durante 2025.
El huachicol metalúrgico volvió a colocarse en el centro de la discusión sobre comercio exterior, reglas de origen y uso indebido del programa IMMEX. De acuerdo con el material difundido por el periodista Tomás de la Rosa, el esquema opera mediante importaciones de acero o productos siderúrgicos con declaraciones falsas, subvaloración aduanera, reetiquetado de origen y uso de empresas con registro IMMEX para evadir aranceles, IVA e IEPS. En este contexto, la Secretaría de Economía ya inició procedimientos de cancelación del programa IMMEX contra 350 empresas, mientras otras 400 permanecen bajo análisis y cumplimiento de requerimientos de información. El texto también señala casos específicos como Elegant Fashion SA de CV, cuyas importaciones de acero se habrían multiplicado 579 veces, y su presunta vinculación con Bremsa Regiomontana en una triangulación de 76,761 toneladas de acero durante 2025. Además del impacto fiscal, el fenómeno presiona a la industria formal y abre un frente de riesgo con Estados Unidos, que podría utilizar estas distorsiones como argumento para endurecer medidas comerciales contra el acero instalado en México.
La presión regulatoria sobre el sector acero alcanzó a El Grande Industrial, firma instalada en Apaseo El Grande, Guanajuato, a la que la autoridad ubicó dentro del endurecimiento contra el uso irregular del programa IMMEX. La revisión se activó después de detectar un crecimiento atípico en sus importaciones de tubo de hierro y acero entre 2024 y 2025, con un alza de 1,590 por ciento, así como ofrecimientos para que terceros aprovecharan su permiso de importación temporal. El caso no solo exhibe un posible desvío del esquema diseñado para procesos manufactureros y de exportación. También confirma que el gobierno ya está observando con mayor agresividad a las empresas que convierten IMMEX en un vehículo para ventajas fiscales y triangulación comercial dentro del mercado siderúrgico.
En un entorno global marcado por prácticas comerciales desleales en el sector siderúrgico, tales como la sobreproducción en China y países del Sudeste Asiático como Vietnam y Malasia, México enfrenta una nueva embestida que pone en riesgo una industria estratégica para el desarrollo...
Ciudad de México - En abril de 2025, el gobierno mexicano anunció una propuesta de reforma integral a la Ley Aduanera, con el objetivo de transformar profundamente el sistema aduanero del país. La iniciativa busca modernizar las operaciones, fortalecer el control sobre el comercio exterior, mejorar la recaudación fiscal – que se espera supere los 1.25 billones de pesos actuales – y reforzar la seguridad nacional, además de cumplir con compromisos internacionales como los del T-MEC.
Los principales motores de la reforma incluyen el combate a la evasión fiscal, especialmente el "huachicol fiscal" y el uso indebido del programa IMMEX, la erradicación de la corrupción en aduanas y la lucha contra el tráfico de mercancías ilegales. Entre los cambios clave se encuentran la modernización tecnológica con trazabilidad digital obligatoria, la digitalización de procesos, la introducción del principio de responsabilidad compartida entre importadores, agentes aduanales y funcionarios, un endurecimiento del control sobre IMMEX y del régimen sancionatorio.
Para los agentes aduanales, esto implicará una redefinición de su rol hacia "garante de legalidad" con mayor responsabilidad, exigiendo mayor diligencia. Las empresas importadoras y exportadoras, especialmente las IMMEX, enfrentarán controles más estrictos y la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias tecnológicas y de trazabilidad, lo que podría implicar inversiones significativas.
A pesar de su anuncio el 15 de abril de 2025, hasta el 21 de mayo del mismo año, la Gaceta Parlamentaria no registraba la recepción formal de la iniciativa integral, por lo que su contenido específico sigue siendo preliminar y persiste la incertidumbre sobre su avance legislativo. La propuesta ha generado escepticismo sobre su viabilidad de implementación y efectividad real.
El nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla como nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre quien se especula que su falta de experiencia operativa podría llevar a un período de transición accidentado, pero su experiencia en economía energética probablemente ayudará a Pemex a abordar su deuda de 100,000 millones de dólares. Asimismo, se espera que mantenga un enfoque nacionalista en la formulación de políticas energéticas, lo que probablemente se traducirá en una preferencia por empresas estatales sobre los privados.
Por otra parte, Brasil aprobó su Política Nacional de Transición Energética la cual busca conectar la producción de energía renovable con varios de los proyectos emblemáticos de la actual administración, como el Programa de Aceleración del Crecimiento, el Plan Clima, el Nuevo País Industria Brasil y el Pacto de Transformación Ecológica. Se prevé que el país podría recibir hasta 350,000 millones de dólares en inversiones verdes en los próximos 10 años.
En tanto, los servicios de seguridad de Noruega, Bélgica, Finlandia, Alemania, Islandia, Países Bajos y Suecia se reunieron con funcionarios del gobierno noruego y ejecutivos de empresas energéticas para compartir inteligencia y coordinar respuestas a las posibles amenazas rusas a la infraestructura energética de Noruega. A pesar de no contar con evidencia concreta, no descartan que Rusia podría realizar operaciones de sabotaje hacia gasoductos noruegos. Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, las infraestructuras energéticas marinas han sido los objetivos más vulnerables debido a sus ubicaciones remotas y las limitadas medidas de seguridad física. Por su parte, Noruega es un blanco atractivo al ser el principal proveedor de gas natural a Europa.
Las exportaciones mexicanas aceleraron su crecimiento en julio pasado y alcanzaron su mejor monto para un séptimo mes de año desde que se tiene registro: 54 mil 788.6 millones de dólares, su segundo mejor registro en el año, lo que representó un incremento de 14.7 por ciento anual en julio, de acuerdo con cifras oportunas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En los primeros siete meses de este año, 83.92 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigieron a Estados Unidos; 28.53 por ciento fueron de la industria automovilística y otros, 55.39 por ciento. Mientras, 16.08 por ciento de las ventas de México se dirigieron al resto del mundo.
Ante el estancamiento del crecimiento, Xi Jinping ha decidido apostar por la industria manufacturera, y gran parte de esa producción se destina a la exportación.
La reciente decisión de la Unión Europea de imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos importados es solo el último indicio de la intensificación de las tensiones. A principios de año, Estados Unidos subió los aranceles sobre el acero, el aluminio, los vehículos eléctricos, las células solares y otros productos chinos. Turquía ha aumentado los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos, mientras que Pakistán ha incrementado los aranceles sobre los artículos de papelería y caucho chinos.
Canadá impondrá nuevos aranceles a los vehículos eléctricos, el aluminio y el acero fabricados en China, alineándose con sus aliados occidentales y tomando medidas para proteger a los fabricantes nacionales.
El Gobierno planea anunciar un gravamen de 100% sobre los carros eléctricos y de 25% sobre el acero y el aluminio, reportó Bloomberg. Se espera que el primer ministro Justin Trudeau desvele la política en Halifax, Nueva Escocia, donde se encuentra reunido con el resto de su gabinete para una serie de reuniones sobre economía y relaciones exteriores.
Nueve organismos empresariales estadounidenses advirtieron que algunos de los cambios constitucionales que se debaten en el Congreso mexicano podrían violar -de aprobarse como se presentaron en su iniciativa- el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En las semanas recientes, países latinoamericanos como Brasil, Chile y México han impuesto aranceles a productos de acero importados desde China, esperando que Colombia haga lo mismo a la brevedad. Existe un interés general en América Latina por buscar nivelar sus balanzas comerciales con el mundo y proteger su industria siderúrgica.
